La inmunidad vs. la comunidad: Las políticas migratorias y el papel del Estado

texto / José Manuel Villarreal

ilustración / Julia Ivorra

 

¨(…) y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros,

para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo

que quieran habitar el suelo Argentino¨

(preámbulo de la Constitución Argentina)

 

El último 19 de agosto se dio a conocer un Comunicado Oficial que anunciaba el acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM). En el mismo se informó la entrega en comodato a la DNM de un inmueble, destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones) y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”. Además se señaló que de esta forma se buscan “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”. El documento entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y traerá, a nuestro entender, un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración.

Analizando el hecho en términos generales, se puede decir que cualquier sociedad se funda en la base de la necesidad de un pacto social, que garantice lo que podría llamarse el bien común: este pacto implica una resignación de la voluntad individual en pos de negociar pautas mínimas de convivencia, lo individual y lo colectivo entran en tensión, la antinomia entre inmunidad y comunidad. Palabras que se oponen entre sí al analizar su origen etimológico, es decir cómo nació su significado, son antónimos en tanto los limites personales –la inmunidad– se disuelven en alguna medida cuando vivimos en sociedad –la comunidad– y el otro se nos presenta en su totalidad y nos afecta indefectiblemente. La negociación entre ambos sentidos es constante y central en el plano de la política, donde la tensión se resuelve de acuerdo a como se miren y se interpreten los hechos; así Sarmiento habló de civilización o barbarie, el mito de origen que hoy se reinventa en el afán del gobierno por establecer políticas migratorias que marquen a las personas que harían peligrar nuestra ¨civilización¨. La noticia de crear una cárcel exclusiva para migrantes revive claramente una apuesta a defender el egoísmo descreyendo de lo colectivo. Y a la vez que muchos sostenemos que somos descendientes de migrantes europeos, olvidamos la voluntad política que hizo que fueran migrantes documentados, el primer paso para que la pertenencia se construya desde el lazo social y no desde la desconfianza y el estereotipo. Pero otra vez la construcción de sentido gira en torno a la idea de chivo expiatorio, en vez de hablar de desocupación o pobreza se le echa la culpa de todo a los inmigrantes.

Pasando a analizar la situación en su particularidad, se puede decir, en primer lugar, que es una medida punitiva injustificada por la transgresión cometida. No hay un delito penal donde corresponda ir a la cárcel, sino que la infracción es administrativa, sería comparable a ir preso por cruzar en rojo. Si bien es cierto que la ley permite, proceso judicial mediante, la “retención” de migrantes y su posible deportación, lo llamativo es como un proceso pensado para situaciones excepcionales se convierte en la norma universal. Junto con Uruguay, somos los únicos dos países del mundo donde interviene el poder judicial para regular esta situación, en el resto decide el poder ejecutivo. De esta manera se evidencia la voluntad que dicha ley emana, al promulgar un proceso justo en el tratamiento de la situación del migrante, sin que estén sometidos a determinaciones arbitrarias.

En segundo lugar es un retroceso enorme en la política de Derechos Humanos de migrantes que teníamos en la el país, según el Censo Nacional de Población de 2010, en Argentina residen 1.800.000 personas extranjeras, que representan el 4,5% de la población total. Entre 2004 y 2014 casi un millón de extranjeros regularizaron su situación migratoria: consiguieron “los papeles” –el DNI de residente–, muchos después de diez o quince años de indocumentación. ¿Por qué tantas personas obtuvieron sus papeles en tan poco tiempo? Porque pudieron. En 2003, la ley migratoria estableció requisitos razonables y los inmigrantes demostraron su voluntad de cumplirla regularizando su situación masivamente. Esperaron turnos por meses ante la DNM, hicieron horas de colas, presentaron cantidad de papeles sellados –incluyendo la carencia de antecedentes penales–, pagaron tasas migratorias y volvieron a esperar meses hasta tener el DNI en sus manos. Demostraron que nadie quiere estar ilegal, nadie quiere estar sin documentos, la carta de ciudadania por excelencia en cualquier sociedad.

Con esto se quiere dejar claro que la cuestión depende de políticas de estado, que las condiciones reales de como los migrantes se inserten, si como criminales o como ciudadanos, es una decisión política. Pero suele haber una creencia muy extendida a considerar la ley como algo independiente de la política y éticamente superior a la política. Es como si hubiese una fuerza moral de la ley en contraste con los métodos implícitamente inmorales de la política. Así la ley de migración es invocada en su supuesta pureza y se invisibiliza la realidad de que las políticas migratorias dependen de las condiciones que se ofrezcan a los migrantes. Así de simple, así de cierto.