La educación es política

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Undía antes de que alrededor de 50 mil personas reclamaran en las calles por la defensa de la educación pública y gratuita, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo al respecto: “Yo creo que no tenemos responsabilidad en el conflicto”. Eso quiere decir que para el ministro, el Ministerio de Educación no tiene la obligación de responder a lxs docentes, no docentes, estudiantes secundarios y universitarios, egresadxs y ciudadanxs que marcharon ayer para exigir una solución ante los presupuestos insuficientes que ponen en peligro la continuidad de la universidad pública.

Lo que Bullrich resume como “el conflicto” vendría a ser un paro a nivel nacional de todas las universidades públicas del país –algo que no sucedía desde el 2001– con tres facultades tomadas -Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Sociales- en respuesta al ajuste que se está haciendo en la educación. El principal problema se centra en el presupuesto: los fondos destinados para las universidades fueron presupuestados el año pasado, antes de los aumentos exponenciales en los servicios de gas y luz que hoy hacen que el presupuesto destinado a las Universidades
Públicas no alcance ni para que los edificios puedan estar en marcha. Así, hace semanas que lxs docentes de las distintas Facultades decidieron realizar clases públicas, trabajar sin firmar planillas, visibilizar una situación que excede la precarización laboral de lxs trabajadores educativos.

Pero el problema presupuestario es el reflejo de una gestión de gobierno que parece no estar interesada en fortalecer uno de los pilares de nuestro país que es la educación pública y gratuita. En mayo de este año, el juez Cayssials declaró inconstitucional la reforma de la Ley de Educación Superior que se había impulsado el año pasado para establecer la responsabilidad innegable y principal del Estado para garantizar la educación superior, entendiendo la misma como un bien público y un derecho humano, junto con el acceso irrestricto. Sus fundamentos para declarar esta reforma como inconstitucional tienen base en la idea de que “la enseñanza superior no debe ser generalizada, sino sólo disponible sobre la base de la capacidad”.

Estamos entonces ante un gobierno que concibe las responsabilidades del Estado como un comercial de Chevrolet: que la sociedad se organice en función de la meritocracia, de las capacidades y de la suerte individual, intentándonos hacer creer que si naciste en La Matanza vas a tener las mismas posibilidades que si naciste en Recoleta, sólo-si-le-ponés-garra-y-actitud. La respuesta del Ministro de Educación es culpar a la gestión anterior –cliché- y librar a su
ministerio de las responsabilidades. La respuesta del Presidente de la Nación es hacer un aumento de 500 millones de pesos que sigue siendo insuficiente -sólo la UBA necesitaría el 30% de esa totalidad-. La respuesta de la gobernadora de Tierra del Fuego ante la fuerte resistencia gremial docente es la represión y la persecución. La respuesta de los medios de comunicación con más alcance del país es invisibilizar y ningunear los reclamos.

Es por eso que la consigna unificadora para la marcha de ayer fue la Defensa de la Educación Pública y Gratuita y en ese sentido, las consignas fueron claras. El presidente del centro de estudiantes de la FADU, Nicolás Spangenberg, dijo en la Plaza de Mayo que “no está en discusión si la educación y la vivienda y la salud son una inversión social, si es o no gasto público, acá no se debate nada de eso porque entendemos lo que es un país verdaderamente soberano,
con la salud y la educación al servicio del pueblo”.

Quienes critican la política en la universidad, los paros como estrategias de lucha y el acceso irrestricto como igualdad de posibilidades y deciden burlarse en sus redes sociales del valor que tiene un libro, quizás nunca entiendan por qué ayer había chicxs de secundaria cantando con la urgencia de quien defiende su futuro, junto con
jóvenes y adultos, que la unión para la educación del pueblo es defenderla y no venderla.

En Revista Ramera todxs pertenecemos a la clase media: somos hijxs de docentes, de profesionales egresadxs de la Universidad Pública, de empleadxs de comercio. Nosotrxs mimsxs somos docentes, egresadxs y estudiantes de la Universidad Nacional y sabemos que sin un acceso público y gratuito probablemente no podríamos habernos desarrollado profesionalmente, pero a pesar de una necesidad económica estudiar en la Universidad Pública fue también una elección: entendemos que con todo nuestro capital simbólico tenemos las herramientas para
construir una sociedad en la que el conocimiento sea democratizado, en la que el acceso a la información sea real y equitativo, en la que se entienda que la educación es política y la política es empoderamiento; pero para que esas herramientas se conviertan en recursos necesitamos de políticas de Estado que entiendan el significado de PÚBLICO
y GRATUITO.