Yo soy trabajadora sexual

Mujeres que deciden trabajar con su cuerpo en medio de una sociedad que las criminaliza. Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, habló con Revista Ramera sobre qué significa ser una trabajadora sexual en el 2015 y cuál es el camino posible para que sus derechos no sean vulnerados.

 

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Hace varios minutos que estoy sentada en una sala de reuniones de algún edificio de la CTA, esperando a Georgina. Sé que viene de participar en una reunión por Skype y sé que antes de esa reunión tuvo que viajar desde La Plata hasta Capital Federal, así que mientras espero imagino que va a llegar cansada y acelerada a la vez. Imagino que va a hablarme de marginación, de derechos vulnerados y de una vida de clandestinidad, porque Georgina es una trabajadora sexual y, aunque yo nunca ejercí la profesión, tengo internet en mi casa. Antes de venir me tomé el trabajo de googlear y leerla en otras entrevistas; también leí sobre leyes, teorías y posturas a favor o abolicionistas. Digamos que me preparé. Pero cuando Georgina entra, se sienta frente a mí, sonríe mirándome a los ojos y yo me doy cuenta de que nunca antes hablé con una trabajadora sexual.
La cita es en la CTA porque es acá donde funcionan las oficinas de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina —AMMAR —, de la que Georgina Orellano es secretaria general.  El principal objetivo de la organización es luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales y para eso tienen que empezar, aunque parezca absurdo tratándose de una de las profesiones más juzgadas por nuestra sociedad, explicando qué es el trabajo sexual.
Cuando Georgina responde a la primera pregunta descubro que el tono que usa para hablar es tranquilo pero poderoso, cada palabra que elige para explicarme sale de su boca con fuerza certera. Entonces sí, hablamos de marginación e invisibilización porque las trabajadoras sexuales se encuentran en un abismo legal, en un marco que niega su existencia como actores políticos y económicos pero que las señala con el dedo por realizar un trabajo que, dicen, les quita su dignidad como mujeres.
A pesar de esa imagen, las trabajadoras sexuales de nuestro país están nucleadas en AMMAR hace 21 años, buscando que su trabajo encuentre un margen regulatorio y una categoría legal, para que sus derechos dejen de ser algo que sólo existe para ser vulnerado. Cuando Georgina habla me doy cuenta de que todo lo que ella denuncia no tiene nada que ver con cómo ella se siente: alguien que  tiene vergüenza por su trabajo no podría cargarse al hombro la tarea de dignificarlo.

 

«Las Trabajadoras Sexuales somos triplemente marginadas: por ser mujeres, por ser pobres y por ser trabajadoras sexuales»

AMMAR

 

La situación legal actual del trabajo sexual es la siguiente: si una persona ejerce trabajo sexual de manera autónoma siendo mayor de edad no es delito, pero todas las vías para que eso pueda suceder sí lo son. Los mecanismos de difusión de ese trabajo están prohibidos —la oferta de trabajo sexual del rubro 59 en los diarios es ilegal, en la vía pública también es ilegal y en cualquier espacio privado como una casa de citas, también es ilegal—  y los proyectos de ley o decretos que intentan disminuir las cifras de la trata de personas terminan criminalizando a las trabajadoras sexuales autónomas, intentando adoptar medidas como la de penar a los clientes. En cuanto a la visión social, las posturas de quienes se oponen al trabajo sexual también son contradictorias; las organizaciones feministas abolicionistas plantean que el intercambio de sexo por dinero cosifica a la mujer —aunque la misma haya tomado la decisión de hacer uso de su cuerpo como medio de producción— al mismo tiempo que defienden la legalización del aborto porque consideran que las mujeres deben tener poder de elección sobre su propio cuerpo.
Así, la tarea de las compañeras de AMMAR es doble: encontrar un marco legal que las reconozca y lograr que la sociedad no las vea como víctimas, sino como mujeres que se empoderan de su cuerpo. Frente a ese panorama, en julio del 2013 la asociación presentó un proyecto de ley a nivel nacional en el cual proponen el camino para que el trabajo sexual sea reconocido y regulado. A pesar de que el proyecto fue aprobado, a los pocos meses de ser presentado quedó encajonado y nunca se debatió, por lo que desde AMMAR empezaron a presentar proyectos de ley provinciales en distintos lugares del país para lograr precedentes y poner el tema en agenda.

 

R: ¿Cuáles son las principales consecuencias que enfrentan como trabajadoras ante la confusión entre lo que es el trabajo sexual y lo que es la trata de personas?

GEORGINA: La primer consecuencia directa es invisibilizar a un colectivo de mujeres que está organizado en la Argentina hace 21 años, que plantea las problemáticas que genera el hecho de que el trabajo sexual no esté regularizado, pero que también plantea las posibles soluciones. Me parece que una de las problemáticas es invisibilizar a un sujeto político activo que está intentando interpelar a los distintos actores políticos, llevando sus propias demandas. Eso sería lo primero, esto de que no nos reconozcan como trabajadoras sexuales ni siquiera los funcionarios, que no respeten que hay un movimiento organizado y que se cierren al diálogo imponiendo su ideología, en la que dicen que no creen que exista el trabajo sexual autónomo.
De esa manera acallan a un actor que está ahí, que está presente, que está llevando su voz en primera persona diciendo que no somos víctimas de trata, que somos trabajadoras sexuales. Es como que nos digan: “Yo no creo que ustedes existan”. Entonces no sabemos qué somos porque ni siquiera nos reconocen como un movimiento organizado, esa sería la primera consecuencia, que también va de la mano de la victimización que se hace de la trabajadora sexual.

 

R: ¿Cuáles son los resultados políticos de esa victimización?

G: A nosotras nos parece que el tema de la trata de personas —cuando se instaló a través del caso de Marita Verón y la lucha de su madre Susana Trimarco— implica muchos actores que aprovecharon esa ocasión para plantear que están en contra de la trata de personas, pero detrás de esa lucha contra la trata de personas están luchando contra todo lo que sea trabajo sexual. No sólo nos damos cuenta cuando se llevan adelante políticas determinadas, sino también cuando nos hacen entrevistas o cuando ellos mismos tienen un acercamiento a la trabajadora sexual que sufre un allanamiento. Por ejemplo, cuando suceden los allanamientos someten a nuestras compañeras a responder preguntas que realizan los psicólogos, y los mismos nos niegan la posibilidad de decir que somos trabajadoras sexuales: para nosotras eso es violencia, no permitirte decidir sobre tu propio cuerpo o imponer una ideología que plantea que el trabajo sexual es violencia para el cuerpo de la mujer. Para nosotras violencia es todo lo que está pasando alrededor, todos estos organismos que tienen este rol de empujarnos a una mayor clandestinización.

 

R: Vos mencionás que además de visibilizar las problemáticas plantean soluciones, ¿En qué consiste el proyecto de ley presentado por AMMAR?

G: Queremos regularizar el trabajo sexual autónomo, que se deroguen todos los artículos contravencionales que están vigentes en las provincias, que rigen el espacio público y que penalizan todos los hábitos que se ofrecen de trabajo sexual en la vía pública, también aquellos que defienden la moral y la buena costumbre. Todos esos artículos dan un poder arbitrario a la policía, que termina deteniéndonos cuando ellos quieren por portación de rostro.
Y de la mano de esas acciones, alcanzar la legalidad que hoy no tenemos: proponemos abrir un registro único de trabajadoras sexuales que dependa del ministerio de trabajo, que pueda verificar quiénes son las trabajadoras que ejercen por decisión propia y así dejar evidenciado cuales son las que no, para que no siga estando esa idea de que todas somos víctimas de trata. Lo que buscamos es que no exista margen para el regenteo; el proyecto de ley que nosotras presentamos habla de crear una oficina nacional para protección del trabajo sexual autónomo, que esté integrado por tres delegados o delegadas de movimientos de trabajadoras sexuales y por tres delegados o delegadas del Ministerio de Trabajo, que son los que tendrían que velar por el cumplimiento efectivo de la ley.

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R: Estar enmarcadas en una categoría de trabajo, ¿qué les permitiría?

G: Queremos ser monotributistas con categoría de trabajadoras autónomas, pedir que una vez que el trabajo sexual sea reconocido se genere esa categoría monotributista porque eso nos permitiría acceder a una obra social, aportes jubilatorios y poder acceder a cosas que hoy no podemos: un crédito, un plan de vivienda PROCREAR. No podemos porque no tenemos un recibo de sueldo que verifique que podemos pagar, no podemos demostrarlo, trabajamos en negro. Hablamos de que todas las que trabajemos en la vía publica tengamos un carnet habilitante que no tenga nuestra foto porque aún hay mucho estigma, eso todavía no lo podemos plantear en este momento, quizás 20 años adelante si, pero si un carnet para que puedan las compañeras mostrar a quienes corresponda porque sabemos que estar ocultas nos lleva a la situación de estar vulnerables a cualquier tipo de explotación y por eso sostenemos la prohibición no es la solución.

 

«La primera causa de alienación en la prostituta no es la extracción de plusvalía del trabajo individual, sino que depende ante todo del no reconocimiento de su subjetividad y de su cuerpo como fuentes de la verdad y del valor: se trata de poder afirmar que las putas no saben, que no pueden y que no son unos sujetos políticos ni económicos en sí mismos»

Beatriz Preciado, “Droits des femmes au travaill… sexuel

Libération

 

R: ¿De qué manera AMMAR busca instalar el debate sobre el Trabajo Sexual?

G: Creemos que somos las trabajadoras sexuales las que tienen que poner este tema en agenda, para que no se invalide nuestra voz; nosotras sabemos y tenemos en claro que faltan muchos años para que se apruebe el proyecto de ley que presentamos, pero también tenemos muy en claro que tenemos que empezar a generar debates para que la gente empiece, por lo menos, a diferenciar lo que es la trata de personas de lo que es el trabajo sexual. Otro punto es no tratar a la trabajadora sexual como una víctima, sino respetar que es una mujer sujeta a derecho que decide sobre su cuerpo y sobre sí misma y que está ejerciendo un trabajo precarizado, que no es indigno en sí pero que sus condiciones de clandestinidad y la vulnerabilidad de nuestros derechos si lo son.

 

R: Frente a la clandestinidad en la que las deja el marco legal existente, ¿En qué lugar queda, para ustedes, la soberanía de su cuerpo?

G: Nuestra sociedad ha sido totalmente progresista en muchos temas pero en otros que tienen que ver con la sexualidad plena y sobre todo con la autonomía de la mujer en su sexualidad, estamos atrasados. Uno de esos temas es el aborto y otro es el trabajo sexual, ambos tienen como protagonistas a las mujeres, no sólo en cuanto a la genitalidad y la sexualidad, sino también en la decisión que la mujer pueda tener sobre su propio cuerpo. Es ahí donde el estado tiene que respetar y garantizar que esa mujer no sea precarizada, que sus derechos no sean vulnerados. Entonces creo que en cuanto a lo sexual, como sociedad, todavía nos falta. El sexo es un tabú y nosotras sostenemos que cuando se plantea vivir la sexualidad libremente, es libremente, tenés que acostumbrarte de que no hay limitaciones en ella, y aceptar que está quien tiene la fantasía de pagar por sexo y quien quiere usar esa herramienta de poder para sacar remuneración económica.

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R: En ese sentido, ¿Qué genera a los ojos de la sociedad el hecho de que haya dinero en medio de un intercambio sexual?

G: Me parece que el dinero de por medio en el sexo no es malo. Si lo ven como algo violento o lo ven como algo de poder sobre el otro, entonces hay que entender que todo está atravesado por el dinero, hay que entender que el sistema capitalista es así. Aquellos que se niegan al trabajo sexual porque dicen que el poder y el dinero los tiene el hombre sobre la mujer, tendrían que ver que eso sucede en muchísimos mercados de trabajo, hay que preguntarle al obrero o a la empleada doméstica quién tiene el poder, y la respuesta es que el poder siempre lo tiene la persona que tiene el dinero.

 

R: Además del dinero, la moral y la dignidad son dos valores que la sociedad antepone al trabajo sexual …

G: Poner la palabra dignidad sobre la vagina de la mujer ya dice algo sobre la carga moral que muchos tienen y esconden bajo una bandera falsa del progresismo. A veces se plantea esta cuestión de la mujer blanca de clase media alta que viene a decir como tenemos que disfrutar la sexualidad, nos parece que en esos argumentos hay una carga moral que intenta hablar de la marginación de la mujer y de la desigualdad pero sin hablar de su libertad sexual.
Frente a toda esta criminalización, la soberanía del cuerpo de la mujer queda en la decisión. Nosotras antes hablábamos de la autonomía del trabajo en cuanto a que nadie se quedara con un porcentaje, pero frente a la situación en la que tenemos que trabajar, la autonomía queda a partir de que la mujer decide ser trabajadora sexual. Después, de la manera en que pueda llevarlo adelante, no es una cuestión de la trabajadora sexual si no de que el estado está ausente y quienes terminan beneficiándose son esas terceras partes que le ofrecen protección a la trabajadora.


AMMAR